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Delfina Guzmán propone adecuación a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca

Indica que es una obligación de los legisladores actualizar las normas jurídicas.

Oaxaca.- La diputada local del Partido Morena por el distrito 22 local con cabecera en Pinotepa Nacional, Oaxaca Delfina Guzmán Díaz, propuso en la Máxima Tribuna del Estado la actualización de Ley Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca.

En su exposición de motivos indicó que, “la actualización de nuestras normas jurídicas es una obligación para el legislador, ya que con ello les otorga certeza a los actos jurídicos a los gobernados y a sus instituciones o dependencias”.

Abundó que, con la presente iniciativa se propone la actualización de Ley Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca, se cambia la figura existente de Oficialía Mayor (ya no existe) a la figura de la Secretaria de Servicios Parlamentarios.

Con esta modificación, precisó se tendrá a seguridad jurídica de quienes tengan la necesidad de promover revocación de mandato, suspensión o desaparición de Ayuntamientos en el Estado se encuentran regulados por diversos artículos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca (58 a 65), en el cual se establecen los procedimientos y causales, para determinar lo procedente.

Aclaró que, en nuestra Ley Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca, aparece la figura del Oficial Mayor del Estado, la cual ya no existe por la entrada en vigor de la nueva normatividad en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, de ahí la presente propuesta de modificar de una manera correcta la Ley Orgánica Municipal, con las dependencias vigentes, que en el caso es cambiar la figura de “Oficial Mayor” por “Secretaría de Servicios Parlamentarios”.

La también vocera de la fracción parlamentaria de Morena en la 64 Legislatura, dejó en claro que con esto se pretende dar cumplimiento a los criterios de constitucionalidad que se derivan de una reforma, respecto al artículo 64 de la Ley Orgánica Municipal, que reestablezca la certeza jurídica en una actividad de interés público, cuya influencia y servicio para la sociedad es evidente y que es, a la par, una importante figura dentro de este poder.

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