Estado de Derecho. Instituciones Debilitadas. Seguridad Pública y Justicia

  • Jorge E. Franco Jiménez

El gobierno de la cuarta transformación se desgasta día a día frente al cúmulo de  contradicciones que se evidencian  entre las explicaciones generales que, de cada suceso, da en sus entrevistas el Presidente Lopez Obrador, en contraste con los detalles que formulan los colaboradores del ramo de seguridad, mismas que arrojan conclusiones que no concuerdan con la realidad de los hechos a que se refieren, advirtiéndose un estado de confusión y falta de certeza, consecuencia de las diversas versiones que se emiten que confirman lo aseverado, como aconteció con las explicaciones difundidas respecto de lo eventos pasados de Culiacán y la artera agresión a la familia LeBaron.

La imagen del Secretario de Seguridad Federal Alfonso Durazo emana inseguridad en sus declaraciones y precisiones como muestra de desconocimiento de las causas y motivos de esos graves acontecimientos que alteran la seguridad pública, que tienen con secuela, la privación de la vida de adultos y menores indefensos; estos violentos actos, incrementan  la desconfianza de la ciudadanía que solo recibe como respuesta de la autoridad que “la violencia no se combate con la violencia” o la represión lo cual deja en estado de desamparo a la población, pues quienes han cometido un crimen como el de la familia LeBaron, perciben una objetiva situación de impunidad derivada de esa política que les favorece. 

La percepción generalizada es de que la política del gobierno federal sobre seguridad pública hasta la fecha, no está dando los resultados prometidos o anunciados, a pesar de las optimistas estadísticas oficiales, ya que estas, no diluyen los actos violentos de alto impacto que ocurren mismos que se incrementan y empeoran, cuya responsabilidad no puede ponerse a cargo a las implementadas por los gobiernos pasados, al ser evidencia de una respuesta incongruente, inadecuada y ineficaz de la autoridad frente a esos hechos. 

Desde el inicio de este gobierno se habló de un nuevo o renovado sistema nacional de seguridad pública sustentada en no ejercer la fuerza legal del estado y reprimir con ello, bajo el supuesto de que la violencia genera más violencia, implementando la reforma al artículo 21 de la constitución que fijó el parámetro que regiría la seguridad pública y la vigencia de una policía nacional militarizada, denominada guardia nacional civil, para ejercerla como una función del Estado Federal y sus instituciones para salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, incluyendo la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, disponiendo que la actuación de las instituciones de seguridad pública se sujetaría a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos. 

La seguridad pública es un asunto no resuelto por el actual gobierno ni por los pasados que persiste   acenítúadoante frente una política pasiva que hasta hoy ha sido criticada porque quien está a cargo de la Secretaria de Seguridad es calificado como ineficaz ante el complejo esquema de operación que exige hoy la seguridad publica para hacer efectiva la responsabilidad de la protección de la vida, del patrimonio del gobernado, la preservación de  del orden público y la paz social, con profesionalismo, legalidad, eficiencia, objetividad y la tutela, protección y garantía de esos derechos. 

En el XVII Congreso Nacional de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados celebrado los días siete, ocho y nueve de este mes de noviembre, con el tema general de “Estado de Derecho y Desarrollo” , se hizo un análisis acerca de los aspectos institucionales que, en Mexico se están modificando, mediante una serie de reformas que han debilitado su funcionamiento alterando él equilibrio  y control que, en una República deben observarse, para no caer en el autoritarismo como se aprecia que está ocurriendo, al ponerse en las manos de una sola persona, la responsabilidad de legislar, juzgar y administrar. 

Se expusieron los riesgos que ello implica para el desarrollo sustentable del país y su población. En el rubro de seguridad pública se hizo énfasis en la ausencia o abandono de los espacios o huecos que está propiciando el debilitamiento de las instituciones, profundizando el distanciamiento entre autoridad y sociedad, como por ejemplo la supresión de la unidad especializada en secuestros de la policia federal que venía dando resultados positivos en buen número de casos, sin que el aparato policial actual haya implementado que esa área fuera sustituida por otra con personal especializado en la materia. 

Ello se deriva de que la reforma constitucional al artículo 21 de la Constitución respecto al tema de la seguridad pública y la conversión de las policias federales en  guardia nacional formalmente civil, transitoria y materialmente formada con policías militares,  de la marina y algunos federales bajo el mando del presidente y del secretario de seguridad federal, se llevó a cabo sin objetivos a alcanzar, ya que hoy la guardia nacional está dedicada al tema de los migrantes.

Se comentó que existe un problema estructural en lo relacionado con la justicia y la seguridad que no han sido resueltos mediante las reformas constitucionales y ahora se habla de una reforma judicial, sin haber dado respuesta a la pregunta de para que se reforma que problemática se busca resolver con ellas, aseguró el ministro en retiro José Ramón Cossío que ello se agrava lo que ya existe, pues las instituciones atraviesan una situación de problemas no resueltos que se verán incrementados con los que sean consecuencias de política aparentemente novedosas sin una finalidad específica.

 En fin que el riesgo crece cada día frente al deterioro institucional del país que desmejora al estado de derecho contemplado en la Constitución de la República al romper el esquema de la división de poderes abriendo un espacio avasalla los derechos fundamentales del  gobernado, inhiben el control del quehacer de las entidades y municipios, y abandona los rubros de la seguridad pública, procuración y administración de justicia.

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